Reportaje

LOMCE: LEY ORGANICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

LEY WERT

La educación es la primera piedra de un Estado. Teóricamente, la educación es punto clave para el correcto desarrollo de una sociedad civilizada. El derecho a recibirla está recogido y reconocido por todas las instituciones internacionales como derecho fundamental desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, teniendo su precedente europeo en Francia con la Constitución Jacobina de 1793 y en la Constitución de Cádiz de 1812.

Al margen de la sucesiva aparición de legislaciones educativas con cada cambio de gobierno, el modelo ha variado poco. Esta falta de interés político para alcanzar un pacto nacional por la educación ha tenido consecuencias fatales, concatenando en los colegios sistemas ineficaces que, al margen de sesgos ideológicos, no han conseguido aumentar el nivel de conocimiento general del estudiante, evitar el abandono escolar, o mejorar su nivel de idiomas. Según los últimos informes PISA, España está por debajo del nivel educativo medio de la OCDE.

La archiconocida Ley Wert, última etapa del Turnismo Educativo, ha sido epicentro de la polémica desde la publicación de su anteproyecto. Aunque los puntos más conflictivos en lo que a cuota mediática se refiere hayan sido los referentes a las becas, hay algunos otros dignos de estudio. Un ejemplo, no el único, lo encontramos en la dualidad Educación Pública- Educación Privada. Más allá de ideologías, el sistema debía basarse en el principio constitucional de Igualdad, en todos los sentidos, pues así se asevera en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 84 de la LOMCE . 

La nueva legislación dice, literalmente, "se entiende por Sistema Educativo Español el conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación". Por tanto y según esto, se consagra la figura de las empresas, corporaciones empresariales y grupos religiosos que financian, prestan o regulan la Educación como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo, abriendo las puertas a una mayor profundización en el sistema de conciertos, y en los procesos de privatización de la escuela.

Este tema ha sido motivo de debate en los últimos tiempos. Y a todos los niveles. En Andalucía, por ejemplo, el Tribunal Supremo anuló 3 conciertos con centros de la provincia de Sevilla ante las reclamaciones de la Junta de Andalucía. Tras la sentencia, y la negativa de los doce centros de esta naturaleza de la Comunidad a convertirse en mixtos, la Junta anuló las subvenciones.

También el Principado de Asturias canceló, con dos sentencias del TSJA, la renovación de los convenios con colegios diferenciadores.

Los motivos que argumentan los defensores de la educación privada y diferenciada se concentran en: el derecho a decidir de las familias sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos, y las mejoras en los resultados académicos de los estudiantes alejados del sexo contrario.

En su contra, los opositores defienden que la nueva legislación beneficia a la Iglesia- la mayoría de estos centros están relacionados directa o indirectamente con el Opus Dei-, y que perjudica el desarrollo de una sociedad igualitaria para hombres y mujeres.

Lourdes Guerrero, uno de los mejores expedientes en Magisterio de la Universidad de Sevilla, ha estudiado tanto en colegios religiosos mixtos como en segregados, por lo que habla del tema con el conocimiento propio de alumna y docente: “La educación segregada no es nada ventajosa. Los defensores argumentan que la educación segregada o diferenciada favorece la mejora del aprendizaje, y que produce una mayor homogeneidad en la clase y un ambiente más relajado. En secundaria, sus efectos serían incluso mejores, ya que la coeducación produciría una bajada en la concentración.

Desde mi punto de vista, no es para nada así. La educación segregada es algo discriminatorio y no se abre a la diversidad. Creo que hay que ofrecer una educación libre que permita poder implantar sin dificultad y sobretodo sin prejuicios. Es totalmente incierto que los niños sean más listos que las niñas, ya que cada uno evoluciona de manera diferente. La educación mixta permite que el niño- niña se desenvuelva en un ambiente más natural de interacción entre géneros. El desarrollo a nivel socioafectivo que deben tener los niños y niñas se da en función de las relaciones y experiencias que se tienen con las personas y la expresión del afecto, al igual que con sus iguales. Creo que no hay que hablar de sexo masculino o sexo femenino, sino que en el conjunto son NIÑOS y cada uno tiene un nivel madurativo diferente”.

Más allá de opiniones de expertos, lejos de ideologías y conflictos por intereses políticos- económicos, y tal y como muestran las estadísticas de gasto a nivel estatal, el paso de un modelo educacional público a otro apoyado en el sector privado es una realidad en este país.

En 1992, nuestro país destinaba 1.615 millones de euros a centros privados, que suponían un 9% del gasto total en educación. Según el último estudio del INE, que analizaba el gasto en educación en 2011, España dedicaba el 19,5% del gasto público en materia educativa en los conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada, por un importe de 5.779 millones de euros, lo que supone un aumento del 250% en menos de dos décadas.

Durante años, el discurso conservador ha asegurado que la gestión privada es más eficiente, entre otras cosas, porque no tienen que lidiar con trabajadores funcionarios. Sin embargo, quienes defienden que eso no es cierto, esgrimen un argumento muy sencillo: la gestión privada nunca destinará todo el dinero al servicio del que se trate -véase la sanidad, véase la educación- porque siempre tiene que apartar un poco para buscar el beneficio. Es decir, el dinero que una determinada empresa privada recibe del Estado para realizar labores educativas debe servir como sustento de dichas labores, y, además, como beneficio empresarial para la entidad.

Por tanto, la lógica dice que la empresa recortará costes derivados de su actividad principal, educar, para incrementar los márgenes de ganancia.

La evidencia final del desajuste en la balanza público-privado reside en el gasto anual de los padres en unos y otros centros y su relación con las ayudas que dichos centros reciben del Estado. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, un estudiante en un centro público cuesta a sus padres al año una media de 1.268 euros, en un centro concertado 2.386 euros, y en uno privado el curso le costará una media de 5.232 euros. En el coste de los libros, por ejemplo, se aprecian desigualdades, viéndose casi duplicados los precios de la escuela pública en la modalidad privada. Pero realmente, la diferencia más cuantiosa, y más significativa, reside en las cuotas mensuales. En un centro público no se paga mensualidad, en uno concertado unos 95 euros de media, y en el privado el gasto mensual será en torno a los 385 euros.

Lo curioso es que, conforme al sistema establecido, las Administraciones pagan directamente a los profesores de la educación privada su sueldo, aunque no sean funcionarios (lo que se llama pago delegado), y los centros debían comprometerse a ofrecer gratuitamente las enseñanzas subvencionadas. Es decir, nada de mensualidades.

Nada más lejos de la realidad. En lugar de eso, emplean el margen de las cuotas voluntarias (que casi nunca lo son) y las actividades complementarias y extraescolares, como han demostrado varias sentencias judiciales, para lucrarse y obtener así los verdaderos beneficios como empresa educativa.

La Ley Wert, en contra de los tribunales, favorece una mercantilización progresiva de la educación, que, aparte de nacer muerta (todos los grupos parlamentarios han acordado su abolición si hay cambio de gobierno), no favorece, con resultados probados, ni al nivel de preparación de los jóvenes, ni a la igualdad de género, ni la eficiencia en términos económicos del sistema educativo.