Sumario Semanal

España expulsa a inmigrantes de forma ilegal en la zona fronteriza de Marruecos

Más de 5 000 inmigrantes habrían sido, presuntamente, expulsados fuera de nuestras fronteras desde 2001, año en que se documenta la primera expulsión. Así lo aseguran varias ONG, como PRODEIN (Organización Pro Derecho de la Infancia), y expertos en la materia. Según el portal digital eldiario.es, de los inmigrantes entrevistados que esperan al otro lado de la valla, ocho de cada diez aseguran "haber entrado al menos una vez en Melilla y haber sido posteriormente expulsados por agentes del Instituto Armado". La noticia, de la que se hizo eco EL PAÍS la pasada semana, llevaba tiempo en el aire. La propia ONG PRODEIN, antes mencionada, denunció ya en 2005 ante el Fiscal General del Estado la expulsión de 15 subsaharianos, aportando un vídeo bastante esclarecedor.
Como era de esperar, las autoridades lo niegan, aunque según datos del propio Ministerio de Interior, se producen unas 400 expulsiones anuales.
Esta acción, para los expertos y juristas, es completamente ilegal y contradice numerosos acuerdos y tratados internacionales.

Nueva Ley de Seguridad Ciudadana

La nueva legislación, aun en fase de Anteproyecto, pasará de 39 supuestos o infracciones, a un total de 55, de las que 21 serán consideradas "muy graves". Convocar en Twitter una manifestación no autorizada ante el Congreso, hasta 600 000 euros; difundir imágenes o datos de un agente, 600 000 euros; difundir imágenes de los antidisturbios durante una manifestación, 600 000 euros; insultar o coaccionar a la policía, hasta 30 000 euros; no entregar el DNI al agente que lo solicite o taparse la cara con una capucha, faltas muy graves y fuerte multa.

El gobierno responde así a las protestas organizadas, como el 15 M o el 25 S.

También se recogen modificaciones respecto a las protestas ecologistas, consideradas faltas graves; la tenencia de plantas de marihuana, que será falta grave aún teniendo como destino el consumo propio y no el tráfico de estupefacientes; y la ingesta de bebidas alcoholicas en la calle, o el maltrato a animales, entre otros.

Las reacciones a la reforma de Ley no se han hecho esperar, y numerosos colectivos han rechazado la propuesta.