martes, 10 de diciembre de 2013

Sumario Semanal

Nueva Ley de Seguridad Privada

Tras la Ley de Seguridad Vial, y el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el Gobierno ha promulgado la Ley de Seguridad Privada. Ésta regula lo referente a las empresas que se encargan de la seguridad de instalaciones y edificios, polígonos industriales y urbanizaciones de acceso restringido, y que ahora también tendrán poder en zonas comerciales y peatonales. Además, se les permitirá identificar, registrar, interrogar y retener a cualquier viandante que consideren sospechoso. Por último, estas empresas podrán acceder al servicio de vigilancia externa de prisiones.

La medida ha puesto a todos los grupos políticos en contra del gobierno popular, a excepción de CiU, que apoya la propuesta. El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz asegura que "no se trata en absoluto de privatizar la seguridad", aunque afirma que la nueva legislación "facilitará el crecimiento económico de España". 
El celo del gobierno en reforzar la seguridad, tanto pública como privada, se entiende desde la sociedad como una restricción de derechos y libertades. Más teniendo en cuenta la coyuntura del país, en la que muchos de los ciudadanos salen diariamente a las calles a manifestarse. Se duda de la preparación y la profesionalidad de los agentes privados.


Silencio de Radio en Filipinas

Aunque muchos medios de comunicación parecen haber firmado el "silencio de radio", o cese de las comunicaciones, en Filipinas, el desastre provocado por el Tifón Haiyan no ha llegado ni por asomo a su final. "La situación es dramática", asegura María Jesús Vega, Portavoz de ACNUR. Más de 93 000 filipinos siguen en refugios un mes después del suceso, 14 millones de personas han sido afectadas, y 4 millones se han visto obligadas a desplazarse, según el informe de OCHA (Oficina Coordinación Labores Humanitarias de las Naciones Unidas). Nadie se atreve a dar una cifra de fallecidos definitiva, aunque se estima alrededor de los 5 700 muertos, teniendo en cuenta que las personas desaparecidas, cerca de 12 000, no pueden ser consideradas aún como fallecidos.


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